Las medidas que prepara Alberto Fernández para reanimar el país

Nacionales 09 de diciembre de 2019
Apenas asuma el presidente decretará el pago de sumas no remunerativas a empleados públicos, jubilados y beneficiarios sociales. También se lanzarán créditos a tasas bajas para empresas que congelen precios y mantengan personal. Recambio en las cúpulas policiales y pacto con el FMI.
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Lanzado el Gabinete, llega el tiempo de trabajar. Lo que circula en las redes sociales a modo de arenga compartida por los simpatizantes del Frente de Todos, puertas adentro del próximo gobierno ya es una realidad. La ansiedad, cierto hermetismo y el mandato de ocuparse a contrarreloj en el diseño y comunicación de las primeras medidas circulan a lo largo y ancho de la administración de Alberto Fernández. Como reconoció el presidente electo el viernes, en la presentación en sociedad de sus ministros, uno de los primeros anuncios será la puesta en marcha de una batería de medidas que promuevan la reactivación de la economía y que generen una –bastante gradual al principio– recuperación de los ingresos salariales. Se tratará de la implementación por decreto de una suma fija no remunerativa destinada, según precisó el propio Fernández, «a jubilados, salarios más bajos y empleados públicos».

«En los primeros días después de asumir nos estaremos ocupando (de implementar ese aumento salarial y de jubilaciones por decreto)», adelantó el presidente electo tras una consulta puntual realizada en la breve rueda de prensa posterior a la presentación de sus ministros. El incremento destinado a jubilados y a los empleados públicos tendrá un correlato proporcional en una actualización del salario mínimo, vital y móvil. Dicha suba generará un efecto arrastre sobre el monto de los programas sociales. Estos aumentos estarán acompañados por una serie de medidas de estímulo al crédito con fines productivos, con tasas muy bajas (20% o 30%), pero que exigirán como requisito ineludible determinados compromisos por parte de las empresas que gestionen esas líneas crediticias: para arrancar, no aumentar los precios –o revertir incluso algunas remarcaciones recientes– ni producir más despidos.

Todo este conjunto de políticas estará a cargo del tándem Matías Kulfas (Producción)-Claudio Moroni (Trabajo). Ambos serán, también, los responsables de ir delineando los primeros pasos del proyecto de institucionalizar un Consejo Económico y Social que funcione durante todo el mandato de Fernández. El viernes, AF dijo que los aumentos salariales que se lanzarán en las primeras semanas de su gobierno «deberían ser materia de ese contrato social nuevo que estoy proponiendo firmar». Puntualmente adelantó que Gustavo Béliz, que todo indica tendrá un protagonismo estelar en la reorganización y funcionamiento del Ejecutivo (ver recuadro), está a cargo de diseñar un proyecto de ley para la conformación del Consejo Económico y Social. «Yo quisiera que sea una entidad que tenga su propia autonomía, que perdure a los gobiernos, que su presidente cuente con acuerdo del Senado y que trabaje en las grandes políticas de Estado de las que tanto hablamos. En ese mismo ámbito tenemos que discutir cómo encarar el tema salarial y el tema precios, que veo con mucha preocupación», señaló.

Para la estabilización de precios y salarios que pretende Fernández hay dos aspectos clave: por un lado, la ecuación de importaciones y exportaciones; por otro, el cese de las remarcaciones descontroladas (más allá de que el propio AF ya adelantó que no habrá congelamiento de precios). Estas dos responsabilidades quedarán a cargo de dos funcionarios subordinados de Kulfas en la cartera de Desarrollo Productivo: Paula Español estará en Comercio Interior mientras que Ariel Schale hará lo propio en Industria y Comercio Exterior.

Otro flanco muy sensible de la gestión entrante será la problemática de la Seguridad. En el próximo gobierno lo consideran un tema muy delicado, por la sensibilidad y la conmoción que muchas veces genera la sucesión de delitos violentos. Cuando se habla de la cartera de Seguridad nunca debe obviarse la capacidad operativa (el ejercicio del monopolio estatal de la fuerza) y de generación de climas sociales que, en cierto modo, tienen todas las fuerzas policiales, sean federales o también (aunque no sea competencia directa del gobierno nacional) provinciales.

En lo institucional, la antropóloga Sabina Frederic, designada ministra del área y especialista muy cercana al próximo jefe de Gabinete Santiago Cafiero, tendrá como una de sus prioridades más ambiciosas la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Con esta nueva estructura, existente en EE UU, se busca involucrar y comprometer a la oposición con representación parlamentaria, al igual que a otros actores de la sociedad civil, para establecer «rumbos estratégicos», acuerdos que se mantengan intactos más allá de los cambios políticos y los traspasos institucionales.

En el corto plazo, apenas asuman las nuevas autoridades, Seguridad dispondrá el recambio de las cúpulas de las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, PFA, PSA), una decisión habitual cada vez que asume un nuevo gobierno. Según pudo saber Tiempo, bajo el mando de Frederic se integrará un equipo de funcionarios con experiencia política y formación en el área que ya se conoce bien con la ministra, porque todos venían trabajando juntos en los equipos de campaña del Frente de Todos. La politóloga Silvia La Ruffa y el exdefensor adjunto del pueblo de la ciudad Gabriel Fuks, hombre del PJ porteño, son dos de los nombres que formarán parte del staff del ministerio. En la agenda de acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses figuran la creación de una Policía de Investigaciones, al estilo del FBI, que intervenga en delitos federales y actúe como auxiliar del Poder Judicial; apuntalar el funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior –que reúne al titular de la cartera y a los ministros y secretarios de cada provincia–; la recuperación de las normas de uso proporcional de la fuerza establecidas por Naciones Unidas (dejadas de lado por la llamada «doctrina Chocobar»); y el establecimiento de nuevos y mejores mecanismos de bienestar para la vida de los agentes y sus familias.

En tren de prioridades, es obvio que la renegociación de la deuda con los acreedores privados está también entre los primeros puestos del ranking. Como se sabe, el responsable de llevar adelante todo el proceso será Martín Guzmán, joven economista argentino repatriado desde Nueva York e integrante del equipo de trabajo del Premio Nobel Joseph Stiglitz (quien, por otra parte, lo felicitó por su designación a través de Twitter). Un histórico de Economía, Raúl Rigo, de buena llegada con los gobernadores justicialistas, lo acompañará como secretario de Hacienda. En las últimas horas, tras la confirmación de Guzmán al frente del ministerio, comenzaron a circular con previsible voracidad todas las entrevistas que concedió en los últimos meses. En casi todos esos reportajes Guzmán era presentado como experto en reestructuraciones de deuda. Su principal hipótesis a la hora de encarar la coyuntura inmediata es postergar por dos años los pagos de deuda, tanto de capital como intereses.

Con bajo perfil, Béliz ya rediseña el Estado

Hasta ahora se manejó con bajo perfil. En la presentación del Gabinete le tocó un asiento de la tercera fila, la más distante de las cámaras. Eso sí, cuando llegó el turno de presentarlo, Alberto Fernández lo enalteció con palabras llenas de elogios y también de afecto. Incluso deslizó algo parecido a un desagravio por el episodio en el que se exhibió en TV la foto de un agente de inteligencia, Antonio Stiuso. «Fue uno de los reencuentros más lindos que voy a guardar en mi memoria», dijo el presidente electo cuando le tocó presentar a Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos. Lo que no se escuchó en el encuentro del viernes, pero que ministros y secretarios de Estado están comprobando de modo bastante explícito en los últimos días (a la hora de precisar con qué estructura, presupuesto y plantilla contarán en el ejercicio de la función), es que Béliz es el arquitecto todopoderoso del nuevo organigrama del Estado: es él quien define, con la aprobación del mandatario electo, con cuántas secretarías de Estado se quedará cada ministerio. El objetivo, por lo que se sabe, es evitar que la creación de nuevos ministerios –se crean nueve carteras que antes no existían o no tenían jerarquía ministerial– provoque una multiplicación de la estructura estatal.

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