"Cuando se quitan poderes de privilegio para convertirlos en poderes de la ciudadanía, las luchas son fuertes"

Provinciales 11 de agosto de 2020
El juez destaca que las provincias hace tiempo estuvieron a la vanguardia de los cambios que ahora promueve la reforma judicial nacional. En su análisis, expone lineamientos de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, marcando algunos “errores” en cuanto a la aplicación del sistema acusatorio sin las herramientas adecuadas. "Lo advertimos, pero no significa una señal de no apoyo al proyecto", subraya.
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El juez Víctor Del Río, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, analizó el Proyecto de Reforma Judicial Federal presentado por el Poder Ejecutivo, que deberá abordarse en el Congreso Nacional. De la iniciativa destacó "el deseo de reforma", pero marcó algunas contradicciones que confió podrán salvarse en el debate parlamentario.

"Cuando se discuten reformas de este tipo, con tantos años de esfuerzos, hay corporaciones que tienen suficiente influencia para impedirlas”, indicó y sumó: “Por eso, el ejemplo del Chaco que, con distintos gobiernos y en distintos momentos de la historia, logró hacer los arreglos necesarios para acercarnos a un sistema que responda a nuestra democracia".

En declaraciones a Radio Provincia, el camarista valoró la labor de muchos jueces y fiscales federales, ponderando en especial "el gran esfuerzo" de quienes cumplen funciones en el Chaco para desempeñar con honra "haciendo las cosas en un sistema que es perimido y vetusto que no está más aplicado en el mundo". "Deberán afrontar un cambio de paradigma y, si bien se están capacitando hace años, nunca se concreta porque no está la decisión", señaló.

Del Río puso énfasis en sostener que “los problemas de poder se luchan”. “El poder no se regala. Cuando se quitan poderes de privilegio para convertirlos en poderes de la ciudadanía, las luchas son fuertes y hay mucha gente comprometida. Es una lucha dura la que enfrentarán, porque han sido muchos los esfuerzos y los fracasos", trazó, refiriéndose a los poderes corporativos no sólo judiciales sino también políticos, empresariales y económicos beneficiados con un sistema de justicia que no es el de la democracia.

En ese entendimiento, el magistrado destacó que es clave comprender que el poder judicial debe ser un poder al servicio de la ciudadanía y despojado de toda concepción monárquica y aristocrática.

 Avances en las provincias
 

"Las provincias avanzamos y la Nación no", describió el juez Del Río, al ahondar en cuestiones centrales que busca modificar el proyecto de Reforma Judicial. Así, destacó que el sistema acusatorio –impulsado por la iniciativa nacional como uno de los cambios claves-, con los fiscales al frente de las investigaciones, se aplica en la mayoría de las provincias argentinas desde hace tiempo.

"Quedan pocas con el sistema inquisitivo. Las últimas que quedaban tienen vestigios mixtos como Formosa, Misiones y algunas provincias del NOA. Santa Fe tenía uno de los sistemas más vetustos e hizo uno de los códigos más modernos del sistema acusatorio", explicó. 

Por otra parte, el juez explicó que la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal es una entidad que convoca al área académica y aborda análisis sobre las formas de llevar adelante la justicia penal. Desde esa mirada, sostuvo: "Vemos que el proyecto encara la reforma en el ámbito federal como centro, marcando el juicio por jurados. Advertimos algunas falencias en la presentación que hicieron por escrito del proyecto". Por eso resaltó que desde la entidad hacen "una crítica constructiva y no contra el proyecto", ya que puede ser luego tomada en cuenta e incorporada.

"Tiene que ver con que todos estamos de acuerdo en la necesidad de cambiar un sistema colonial, antiguo, burocrático, enquistado en la Justicia Federal que es el sistema procesal, que tiene no sólo antigüedad en su formulación sino además en las prácticas", describió.

 Comodoro Py

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"Una crítica formulada hace tiempo, y que comparto, es que se mira a la Justicia por lo que pasa en Comodoro Py. Pagamos la cuota de mala justicia o de justicia comprometida con factores políticos", lamentó Del Río, y recordó que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció y está en proceso de investigación la connivencia entre jueces y fiscales federales, con persecuciones y presiones del mismo sistema judicial, y compromiso entre la justicia y operaciones de inteligencia. "Es un escándalo en cualquier país que pretenda ser republicano y democrático", resaltó.

"Lo que pasa en Comodoro Py o en la Justicia Federal nos arrastra a todos, aunque no tengamos nada que ver ni nos sintamos identificados en algunos ámbitos de poder. Lamentablemente lo pagamos todos por la cuota de descreimiento que se genera por un mal funcionamiento", planteó, y marcó que "la Justicia Federal lleva un insumo presupuestario altísimo que las justicias provinciales ni siquiera podríamos pensarlo".

"No tenemos nada que ver las justicias provinciales ni tampoco los más destacados jueces, fiscales y empleados judiciales que tanto esfuerzo hacen por el servicio de justicia. Hay un foco de problemas en la Justicia Federal que tiene que ver con cómo se maneja ese poder. El gobierno pretendió, con su propuesta ante ese poder concentrado en pocos jueces, generar más cantidad de juzgados para que el poder de decisión no quede en tan pocas manos y transferir la competencia contencioso administrativa de la Justicia Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", describió.

 En línea con una opinión de Alberto Binder, uno de los procesalistas más importantes del continente, Del Río dio cuenta de ese "poder concentrado, que trabaja para el propio poder y no para solucionar los conflictos de los ciudadanos, que se retroalimenta, y que no responde a la Constitución".

"Si el poder judicial se sigue construyendo para retroalimentarse a los poderosos vamos a seguir mal. Si no se hace una distribución de poderes democráticos, republicanos, donde el poder judicial esté al servicio de resolver los conflictos de todos los días, vamos a perder una oportunidad histórica", señaló, citando también al reconocido jurista y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en varios países.

"El sistema federal, si bien ha sido modificado, no se puso en práctica. El último Código Procesal legislado, en el último gobierno nacional fue paralizado y se puso sólo como experiencia piloto en algunas localidades. Significaba la transferencia de la capacidad investigativa a los fiscales, quitándoles ese poder a los jueces federales", precisó y resaltó que ese sistema es el que aplica la justicia provincial.

"En el proyecto está dicho que la Nación debe aprender la enseñanza de las provincias. Tiene una visión unitaria y nos viene a enseñar lo que allí desde Buenos Aires nunca se aplica", contrastó Del Río. Y sumó: "La mayoría de las provincias hemos avanzado e incluso las que estamos más alejadas del centro del poder, diseñando sistemas procesales muy modernos. En el Chaco hace muchos años tenemos un sistema muy moderno".

 Chaco, una provincia moderna en derecho
 

En esa vanguardia, el juez resaltó lo hecho aquí en la provincia: "Nos destacamos por ser una provincia moderna en el derecho. Hemos tenido siempre institutos de vanguardia a nivel nacional, como la primera ley de migración y la primera provincia del Norte en tener juicio por jurados. Esto tiene que ver con un compromiso de todos, no sólo de juristas sino también de políticos que legislaban y fueron capaces de apostar por un cambio, y las decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para poner en marcha esos procesos de reformas", ponderó. 

 Inquisitivo versus acusatorio

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Al dar cuenta de las diferencias entre ambos sistemas, el magistrado expuso: "En el sistema acusatorio, el fiscal investiga y los jueces resuelven. Los de primera instancia controlan algunas medidas de investigación y los de tribunales de juicio, resolvemos sobre el hecho".

Al respecto, marcó como un error, y así lo destaca la Asociación, que la reforma avanza con la creación de más tribunales. "Esta hiper-estructura de jueces en juzgados, manteniendo las estructuras actuales, no es lo correcto. Se habla actualmente de un pool de jueces. No tantas estructuras en etapas y castas sino un pool más horizontal de jueces con distintas funciones para resolver conflictos. Y un sistema no tan estructurado, con una justicia más cercana basada en la oralidad, donde el juez es el decisor final, rompiendo las estructuras de tantos jueces de primera y segunda instancia y de cámara, que generan más cargos", explicó.

En ese orden, resaltó que, si bien se advierte sobre esa cuestión de aplicación en la práctica del sistema acusatorio con una estructura no adecuada, no implica una señal de no apoyo al proyecto. "Quienes estamos en la Asociación Argentina de Juicio por Jurado sostenemos la imperiosa necesidad de la reforma y acompañamos al gobierno nacional", sostuvo.

Acerca de la creación de grandes estructuras de juzgados, Del Río destacó que, gracias a la reforma de la estructura en la provincia con un nuevo diseño organizacional, se logró que en algunos casos excepcionales haya sentencia a los cuatro meses de ocurrido el hecho, con un promedio general de un año. "Desestructurar y generar nuevas formas de diseño, significa un dinamismo distinto", resaltó.

 Reacción y respuestas del sistema judicial chaqueño
 

En otro punto, el juez destacó la reacción y respuestas del sistema judicial ante un contexto inédito como la pandemia con la aplicación de la tecnología: "Tenemos expediente electrónico, un sistema moderno de digitalización de actuaciones y rápidamente el sistema penal se destacó en el orden nacional porque realizamos audiencias, juicios y hemos solucionado los problemas de las personas en el sistema de alojamiento. Finalmente solucionamos juicios en trámite", repasó. "Esto tiene que ver con un cambio de mentalidad, de diseño organizacional y políticas distintas para llevar adelante las investigaciones", concluyó.

 

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